MOVIMIENTOS ANCESTRALES:

TERRITORIOS INDIGENAS Y MIGRACIÓN

En este 2020, una nueva pandemia nos invade; es la llamada COVID-19.

La historia no es nueva. Cuando se produjo la invasión hace 500 años y su despojo, los invasores trajeron enfermedades que nuestros pueblos no conocían, lo cual provocó más muertes que las mismas armas de guerra de los invasores. 

El Memorial de Sololá, documento histórico del pueblo Kaqchikel, relata cómo, con la invasión española, aparecieron enfermedades como el sarampión, la viruela  y otras para las cuales los Pueblos Originarios no tenían defensas y provocaron muchísimas muertes.

Ahora, nuevamente, los más golpeados son los sectores de población más marginalizados: pobres, mujeres, pueblos indígenas, niñez y personas de la 3ª edad, personas de la diversidad sexual, personas con distintas discapacidades y otras diversidades. Las y los migrantes son también quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad: son detenidos y hacinados en condiciones inadecuadas en centros de detención, continúan las deportaciones y, las condiciones a las que son expuestas, ponen en riesgo sus vidas.

Pero hay pestes que son estructurales, desde la invasión española a la fecha, como es el despojo de los pueblos de sus territorios y sus identidades, la explotación, distintas opresiones como el racismo y el machismo, la pérdida del respeto por la vida humana y la Madre Naturaleza. Históricamente, ha sido el despojo de los Pueblos Indígenas lo que ha provocado su desplazamiento.

Sin embargo, los pueblos de Abya Yala (nombre del continente americano en idioma kuna) hemos resistido y seguimos resistiendo, construyendo alternativas de vida.

Sobre esto vamos a hablar el día de hoy, partiendo de un caso que lo evidencia.

Claudia Patricia Gómez González, Mujer Maya Mam, de 20 años de edad, originaria de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, Guatemala, salió de su comunidad ante la falta de oportunidades. A pesar de tener el título de Perito Contador, no encontraba trabajo y migró para mejorar sus condiciones de vida. Al llegar a los Estados Unidos, en mayo del año 2018, fue asesinada por un agente de la Patrulla Fronteriza, en Laredo, Texas.

De diciembre 2018 a la fecha, por lo menos 8 niñas y niños indígenas guatemaltecos han muerto bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza.

El patriarcado es el sistema de todas las opresiones, explotaciones, violencias y discriminaciones que vive la humanidad y la naturaleza, construido históricamente sobre el cuerpo de las mujeres[1]. Es decir, que la dominación sobre las mujeres es la misma que explota la naturaleza; es una relación de desigualdad que se identifica también con las opresiones sobre determinados pueblos: colonialismo, racismo, machismo, adultocentrismo … Desde esta perspectiva, tanto la tierra como los cuerpos de las mujeres, son concebidos como territorios sacrificables, a conquistar.

Lorena Cabnal, feminista comunitaria Xinka nos dice que: “Este cuerpo experimenta un despojo, un saqueo, una imposición de otro tiempo, de otra realidad, de otra interpretación… Este cuerpo ha experimentado la colonialidad, y este idioma que hoy estoy hablando tampoco es el idioma ancestral, sino el idioma colonizante”.

Para hablar de territorio, es necesario iniciar hablando de nuestros cuerpos como primer territorio, estos cuerpos que han sido violentados desde la invasión, la guerra, cuerpos tomados, ocupados y no cualquier cuerpo, sino el cuerpo de las mujeres como botín de guerra, para el control, de los pueblos y territorios. Nuestros cuerpos han estado junto a la tierra en constante amenaza; en la actualidad, son territorios en disputa.

El territorio no sólo es el suelo o la tierra, sino que es un espacio vital donde se realiza y desarrolla un Pueblo.  Incluye la tierra, el agua, el aire, los bienes del subsuelo, así como toda la fauna, flora y las energías que se encuentra en éste. Para los Pueblos indígenas, el territorio es loq’olaj, palabra en idiomas mayas que se ha traducido como “sagrado”, ya que genera vida, bienestar, provee alimentación, techo, abrigo; de tal forma lo conservan, para asegurar la existencia de estos territorios para futuras generaciones. Además, tiene un significado histórico, cultural, que brinda identidad y arraigo. Esto se expresa en prácticas como “enterrar el ombligo” en la tierra donde se ha nacido, para que la persona eche raíces profundas en él. Un Pueblo sin territorio difícilmente puede vivir y reproducirse.

Por tanto, la Madre Tierra y nuestros territorios, incluyendo nuestros cuerpos, no son un “recurso” a explotar, hasta sacarle lo último, sino el espacio para existir en ella y con ella. La Madre Tierra es para nosotros loq’olaj, un ser vivo que tiene su energía, que palpita, piensa y siente, por lo tanto, merecedora de respeto, cuidado, protección y veneración.

Desde la cosmovisión Maya no existe el concepto de acumulación y acaparamiento. Tomamos de nuestra Madre sólo lo que necesitamos para una vida plena, sencilla y feliz, sobre todo para garantizar las mismas oportunidades a las futuras generaciones. Esto es algo que el modelo capitalista no comprende y que jamás ha respetado y está rompiendo de forma más flagrante con los procesos de extractivismo salvaje de mineras, grandes hidroeléctricas, explotaciones forestales y monocultivos.

La minería industrial de metales en Guatemala se lleva a cabo principalmente en zonas rurales, donde viven los Pueblos Indígenas. Las hidroeléctricas sólo traen destrucción y muerte. Las empresas transnacionales ganan miles de millones explotando los recursos que pertenecen legítimamente a los pueblos, dejándoles miseria, contaminación, corrupción y división social. Son racistas, clasistas, violan a la Madre Tierra y quieren destruirnos como pueblo.

Estas actividades además de promover movilizaciones forzadas, provocan la transformación de lógicas productivas y obliga a quienes antes vivían de la agricultura y producían sus propios alimentos a comprarlos; los conduce a buscar empleo en otros departamentos. La población más joven pierde el conocimiento de sus territorios.

Además, no se consulta a los pueblos para que sean éstos quienes decidan sobre sus territorios.

Es por eso que los Pueblos Indígenas nos levantamos en luchas comunitarias para defender nuestros territorios con la consigna de: ¡SÍ A LA VIDA! 

La lucha por la defensa de la tierra es inseparable de la defensa de los cuerpos de las mujeres, como primer territorio a liberar en un sistema que los explota. Es necesario hacer una defensa más integral por el derecho a decidir sobre el territorio, el cuerpo y la vida. Solamente uniendo las luchas, éstas tienen posibilidades de resistir y crear alternativas para transformar el sistema capitalista, patriarcal y colonial[2]

Algunos ejemplos:

La Resistencia Pacífica La Puya, de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, en el departamento de Guatemala, desde marzo de 2012, frente al proyecto minero El Tambor, Progreso VII Derivada, de la empresa estadounidense Kappes Cassaday & Associates -KCA-, representada en Guatemala por Exploraciones Mineras de Guatemala EXMINGUA. La resistencia logró la suspensión de la mina a través de las cortes y la empresa está bajo investigación en Guatemala por explotación ilegal de recursos naturales. Este ocho de marzo se conmemoraron ochos años de resistencia pacífica de esta comunidad.

En El Estor Izabal, la permanente actividad extractiva de la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN y la empresa ruso-suiza Solway preocupa a los vecinos. El Covid-19 avanza y la empresa no suspende sus operaciones, hay toque de queda y siguen transportando material hacia la planta y hacia Puerto Barrios. Los propios trabajadores tienen preocupación por el riesgo de contagio y todo esto ocurre a pesar que la Corte de Constitucionalidad CC, ordenó en julio de 2019 la suspensión del proyecto minero Fénix, resolución que no fue a acatada por la empresa.  Las góndolas fueron captadas en la ruta de El Boquerón rumbo a El Estor y de salida rumbo a Puerto Barrios esta tarde después del toque de queda.  

Las defensoras y defensores de la tierra, el territorio y los recursos naturales son criminalizados, perseguida/os, encarcelados y asesinados. UDEFEGUA[4] registró de enero a junio  de 2017 que las y los defensores más agredidos fueron aquellas personas que defienden el derecho humano a un ambiente sano (tierra, territorio y recursos naturales) sumando 72 agresiones.

Frente a esta persecución y despojo de la tierra, las personas y comunidades son obligadas a dejar sus comunidades para resguardar la vida. El despojo de tierras para desarrollar el monocultivo – como la palma aceitera -, la presencia de minería y de grandes empresas extractivas, las hidroeléctricas son de las casusas que generan el desplazamiento forzado interno[5] y la migración internacional irregular[6] de personas y comunidades.  Cabe resaltar que el desplazamiento forzado interno es la antesala a la migración internacional.

Para citar algunos casos:

  • Aura Lolita Chávez Ixcaquic (Guatemala, 1972), conocida como Lolita, es una activista de los derechos de las mujeres y líder indígena guatemalteca, referente internacional de la lucha por preservar los recursos naturales. Está amenazada de muerte en Guatemala por lo que reside refugiada en el País Vasco en España desde 2017.
  • Teresa Muñoz, dirigente comunitaria de Jalapa y opositora al proyecto minero Escobal de Tahoe Resources Inc, perseguida desde mayo 2013 en San Rafael Las Flores y otros municipios alrededor de la mina Escobal de Tahoe Resources. Ahora Refugiada en Estados Unidos[7].

Tras la presión de los pobladores de los municipios afectados y las denuncias del Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS) que responsabilizan a la mina de los daños a las viviendas de las aldeas, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó suspender de forma provisional la licencia de exploración y explotación de los proyectos El Escobal y San Juan Bosco. El fallo significó la suspensión inmediata de las operaciones, las cuales se encuentran detenidas desde el 5 de julio de 2017. Si bien se detuvo la actividad de la empresa, ésta ya había dejado daños severos e irreparables. Desde 2012 a la fecha, los habitantes de la aldea La Cuchilla expresaron temor por vivir en sus viviendas porque son evidentes los daños: paredes y pisos agrietados. Al momento de redactar este informe cerca de 80 familias, unas 300 personas habían abandonado la comunidad, que hoy se le conoce como pueblo fantasma[8].

Las familias de comunidades desalojadas pierden sus viviendas: la destrucción de las casas, las cosechas y los bienes por parte de las fuerzas de seguridad, lo cual viola el derecho de la propiedad, que tienen. Las comunidades indígenas pierden su relación con el territorio, así como con los recursos naturales y el goce de esa tierra como su derecho a la propiedad, fundamental para garantizar su desarrollo y supervivencia.

Esta es una causa más de migración en Guatemala. La migración de las personas no sólo es por mejorar las condiciones de vida; no todo se traduce en dinero. La gente no se va porque quiere. La gente es obligada a irse: se va para defender la vida, se va porque las grandes empresas han acabado con los recursos para sobrevivir en sus territorios.

Nosotros defendemos el derecho a migrar y a no migrar.  Las personas deberíamos tener la oportunidad de decidir dónde queremos estar y vivir y de movernos libremente, pero nadie debiera verse obligado a dejar su casa, su familia, su comunidad y su territorio.

Los pueblos siempre hemos migrado y esto no representa un problema sino es una oportunidad de intercambio, de productos, de comunicación, intercambio entre Culturas.  Naturalmente no existen fronteras y esta pandemia lo ha demostrado: no hay fronteras, sino que todas y todos somos una misma humanidad.

Las fronteras existen solo en la mente de los poderosos que tienen la mente cerrada de ambición y esa misma ambición les hace cerrar territorios con muros físicos, como si eso detuviera el caminar de las personas que por siglos han migrado. De hecho, el término migración no existe en los idiomas Mayas, sino que se hace referencia al caminante, la viajero o viajera.

Como lo describe el Principio Rector numeral 9 de la ONU: Los Estados tienen la obligación específica de tomar medidas de protección contra los desplazamientos de pueblos indígenas, minorías, campesinos, pastores y otros grupos que tienen una dependencia especial de su tierra o un apego particular a la misma.

Los Estados deben respetar y promover los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su filosofía, especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos. Recordando que estos derechos humanos se extienden también al cumplimiento de las normas referidas a pueblos indígenas, en particular las establecidas en el Convenio 169 de la OIT. Donde se reconoce el Derecho al territorio y la autodeterminación de los Pueblos.

Salir de tu territorio bajo amenaza, obligado/a por las condiciones es una violación al derecho a la vida y seguridad, como lo establece también la Constitución de la República de Guatemala.

Por lo tanto, el Estado de Guatemala se convierte en el primer violador de derechos al no garantizar las condiciones necesarias para que las personas no se vean forzadas a migrar. Es por eso que aseguramos que Guatemala NO es un “Tercer País Seguro”, cuando no es capaz de proteger ni garantizar la vida de las y los propios guatemaltecos.

En julio de 2019, Guatemala y Estados Unidos firmaron un Acuerdo de Cooperación de Asilo – ACA -, también conocido como “Acuerdo de Tercer País Seguro”, en virtud del cual Estados Unidos puede deportar migrantes que buscan asilo en eses país hacia Guatemala y allí buscar refugio.  Acuerdos similares se han firmado con Honduras y El Salvador. Estados Unidos les niega protección y vulnera el derecho internacional de refugiados.  Por eso, deben anularse estos acuerdos.

Además, exigimos a los Estados la no detención de personas migrantes pues, las condiciones a las cuales son expuestas en los centros de detención, vulneran su seguridad y su vida. Prueba de esto es la muerte de un migrante guatemalteco solicitante de asilo que falleció en una estación migratoria en Tenosique tabasco. Se debe garantizar el acceso a la salud de las personas migrantes, más aún en este contexto de pandemia.

Es por eso que en conjunto con NISGUA y otras organizaciones, estamos buscando frenar estas políticas antimigratorias y regresivas por parte del gobierno de los Estados Unidos.  Hemos dicho, Guatemala no es ningún “Tercer País Seguro”; si lo fuera, su población no se vería obligada a huir.  El ACA se firmó a espaldas de los pueblos y no hay claridad de cómo va a funcionar. Pese a ello, ya se están aplicando en detrimento de la seguridad, bienestar y la vida de las personas. Les solicitamos que firmen la petición para dejar sin efecto los Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA’s).

Asociación Pop No’j

Abril de 2020


[1] “Tejiendo historia para sanarnos desde nuestro territorio cuerpo-tierra”. Amismaxaj (2015).

[2] Capitalista, porque se basa en la propiedad privada y el beneficio económico individual. Patriarcal, porque promueve la superioridad de lo masculino sobre lo femenino, generando desigualdad de poder y dominación de hombres sobre mujeres. Colonial, porque unos países se apropian de los territorios, riquezas y recursos de otros, por medio de relaciones de explotación, suponiendo que no todas las vidas valen igual.

[4] Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala

[5] La Organización de Naciones Unidas define a las personas desplazada internas como: “aquellas personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”.

[6] Migracion internacional de manera irregular: No existe una definición aceptada universalmente para la migración irregular. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) la define como un movimiento de “personas que se desplazan al margen de las normas de los países de origen, de tránsito o de acogida” (OIM, 2011).

[7] La mina de plata Escobal, operada por Minera San Rafael, propiedad de Panamerican Silver entró en operaciones en 2014 a pesar de una gran resistencia popular en el sureste de Guatemala. Debido a la resistencia y la violación de derechos indígenas, la mina ha sido suspendido desde junio de 2017

[8] Diagnostico Desplazamiento forzado Interno IDGT.

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