Silvia Verónica Raquec Cum
Asociación Pop No’j
Guatemala, 10 de junio de 2020
En julio de 2019, Guatemala y Estados Unidos firmaron un Acuerdo de Cooperación de Asilo – ACA -, también conocido como “Acuerdo de Tercer País Seguro”, en virtud del cual Estados Unidos puede deportar migrantes que buscan asilo en ese país hacia Guatemala y buscar refugio aquí. Acuerdos similares se han firmado con Honduras y El Salvador.
Con esto, los Estados Centroamericanos están permitiendo que Estados Unidos les niegue protección a las personas que lo requieren y vulnera el derecho internacional de refugiados. Los pone en peligro al no permitirles que tengan acceso a servicios básicos y derechos humanos de conformidad con la Convención de 1951; y que no tengan acceso a trámites justos y eficientes para determinar si debe otorgárseles el estatus de refugiados y poder así acceder al asilo. Por eso, estos acuerdos deben anularse.
Además, Guatemala no es ningún “Tercer País Seguro”. Si lo fuera, su población no se vería obligada a huir de éste.
El ACA se firmó a espaldas de los pueblos, sin seguir los procedimientos legales pertinentes y no hay claridad de cómo va a funcionar. No se han dado a conocer los anexos al mismo.
Pese a ello, ya se están aplicando en detrimento de la seguridad, bienestar y la vida de las personas. Desde noviembre del año pasado al 19 de marzo del 2020, se han enviado a Guatemala más de 900 centroamericanos, pero sólo 20 —alrededor de un dos por ciento— han solicitado formalmente refugio en este país. El resto ha optado por enfrentar los riesgos de regresar a sus países de origen o dirigirse al norte nuevamente, con la esperanza de encontrar refugio en México o probar suerte, una vez más, en la frontera estadounidense.[1]
Esta situación de enviar a las personas a un país distinto al de origen, provoca que las personas permanezcan en un limbo en cuanto a su solicitud de refugio y evidencia una vulneración a los derechos. Son enviados a Guatemala bajo engaños. Les dicen que pueden continuar el proceso en Guatemala, pero al llegar, se les notifica que no hay ningún proceso; más bien, el proceso se canceló desde el momento de su deportación. Les hacen firmar documentación en inglés, el cual no entienden, evadiendo el debido proceso, deportándolos a las mismas y peores condiciones de las cuales huyeron. Además, los procesos son largo y tediosos.
No existe información clara y verídica de los procesos y estadísticas.
El plazo de 72 horas que les dan a las personas que son trasladadas a Guatemala bajo el Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA) es muy corto. En ese tiempo, tienen que decidir qué hacer:
- Solicitar asilo en Guatemala.
- Solicitar la residencia temporal en Guatemala pues aquellos que quieran regularizar su situación rápidamente y puedan pagar $ 500, podrían aplicar a la residencia temporal, que puede durar hasta cinco años.
- Retornar a sus países de origen: Pueden regresar pos su propia cuenta o con la asistencia de OIM, bajo el programa de retorno voluntario asistido.
Dado que Guatemala no les ofrece condiciones dignas para quedarse, la mayoría decide regresar a su país de origen, a las mismas condiciones que les obligó a salir y en peores condiciones.
Cabe resaltar que, el hecho que las personas no estén solicitando asilo aquí en Guatemala no significa que no estén en peligro, y que regresen a sus países no significa que la amenaza no existe[2]. Hasta ahora, las y los migrantes que han elegido regresar a sus países de origen dicen que, aunque todavía estarán en peligro, al menos pueden gozar de la protección y apoyo que les ofrecen familiares y amigos cercanos, algo con que no cuentan en Guatemala.
En particular, ¿cuáles son los riesgos o peligros que enfrentan los migrantes transferidos bajo el ACA o ahora los guatemaltecos deportados desde Estados Unidos durante la pandemia?
Los vuelos de deportación se encontraban suspendidos desde abril, debido a los múltiples casos de contagio de Covid-19 entre las personas retornadas. Pero el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) dio a conocer que esta semana ingresarán dos vuelos, cada uno con 50 deportados. El primero llegó el martes 9 de junio y el segundo vendrá el jueves 11 de junio. La siguiente semana se espera que los vuelos ingresen lunes y jueves.[3]
Esto es preocupante pues es posible que continúen deportando a las personas bajo este acuerdo en contextos de pandemia, lo que significa poner en riesgo la seguridad, la salud y la vida de las personas, exponiéndolos a contagios, colocándolos en situación de mayor vulnerabilidad. Regresan a las mismas y peores condiciones. Las violencias y vulnerabilidades son mayores para indígenas, mujeres, niños, niñas y adolescentes, población LGBTI, discapacitados y otras poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad.
Cabe mencionar que antes de ser deportados, son hacinados en los centros de detención, vulnerando su seguridad y su vida, tanto en Estados Unidos como México. Prueba de esto es la muerte de un migrante guatemalteco solicitante de asilo que falleció en una estación migratoria en Tenosique, Tabasco.[4]
Se debe garantizar el acceso a la salud para las personas migrantes, más aún en este contexto de pandemia.
Las estaciones migratorias están propensas a contagios y propagación del virus. Las y los migrantes no deben ser detenidos y hacinados en centros de detención.
En Guatemala, se agudiza la situación pues, el Sistema de Salud es muy precario y no está preparado para atender esta crisis; no tiene la capacidad para atender a la población guatemalteca, mucho menos podrá garantizar servicios de salud adecuados a personas de otras nacionalidades.
Guatemala ya está viviendo consecuencias de la pandemia como mayor desempleo, falta de ingresos económicos, hambre y mayor desnutrición. Los programas de asistencia del gobierno no llegan de manera efectiva a quienes más lo necesitan. Peor aún, se incrementan casos de violencia y discriminación en medio de la pandemia.
Las personas tenemos derecho a migrar y no migrar, así como el derecho de solicitar asilo y protección en el país que deseemos y no a donde quieran mandarnos para evadir responsabilidad, violando el derecho internacional.
Los Acuerdos firmados son ilegales, ilegítimos e inviables. Atentan contra la seguridad y la vida de las personas.
Por tanto, al Congreso de Estados Unidos solicitamos:
- Oponerse a los Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA). Son acuerdos ilegales, ilegítimos e irrealizables.
- Solicitar al Departamento de Seguridad Nacional –DHS- que deje de presionar a los países de la región para evitar que sus ciudadanos u otros busquen protección internacional.
- Solicitar al DHS y al Departamento de Estado copias de los textos completos de los Acuerdos de Cooperación de Asilo, así como de los acuerdos sobre seguridad fronteriza e intercambio de datos biométricos, incluidos sus anexos, e información sobre su financiación, instrucciones para su implementación y los plazos.
- Oponerse a la militarización de las fronteras que aumentan la violación a derechos humanos y exigir que se invierta en seguridad humana.
- Eliminar la barrera de cinco años para ingresar a los Estados Unidos para personas sujetas a cualquier acuerdo de asilo.
- Revelar el número de personas deportadas a Guatemala bajo estos acuerdos.
[1] https://www.nytimes.com/es/2020/03/19/espanol/america-latina/solicitantes-de-asilo-estados-unidos.html
[2] Rebeca Cenalmor-Rejas, jefa de la oficina de Guatemala del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
[3] https://www.prensalibre.com/guatemala/suspenden-vuelo-de-deportados-por-caso-sospechoso-de-covid-19/
[4] https://www.animalpolitico.com/2020/04/solicitante-asilo-muere-protestas-estacion-migratoria-tenosique-tabasco/